Hechos demenciales y criminales….inaceptable

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 12/09/2020 - 7:31pm
Edicion
490

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


 

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El uso de la fuerza carece de toda justificación y legitimación cuando los medios utilizados para la consecución de determinados fines son injustos e ilegales.

En tiempos de la crisis económica y sanitaria el uso indiscriminado de la fuerza tiende a incrementarse convirtiéndose en un recurso para resolver los conflictos y las contradicciones sociales que se presentan en una sociedad como la nuestra, en donde se acumulan los problemas de toda índole y tan solo se proponen soluciones parciales a los mismos o simplemente se tratan con medidas asistencialistas que con el paso del tiempo rebasan toda posibilidad de solución.

Y de ahí que no sean casuales los actos de indignación de los ciudadanos contra todas aquellas expresiones de violencia con las cuales se violan sistemáticamente los Derechos Humanos por parte de las autoridades que en muchos casos se extralimitan en el ejercicio de sus funciones.

El uso de la fuerza carece de toda justificación y legitimación cuando los medios utilizados para la consecución de determinados fines son injustos e ilegales.

Así mismo todo fin injusto e ilegítimo, hace que los medios terminen siendo igualmente injustos e ilegales.

En el país esta situación se volvió recurrente en medio de la descomposición social que se produce en todos los ámbitos y niveles de la sociedad que han echado por la borda los principios y valores universales de la moral convirtiendo la justicia en una caricatura que construye una legalidad para favorecer el interés particular disfrazado de interés general o social y haciendo que los órganos del Estado encargados de controlar el orden público y la seguridad de los ciudadanos, pierdan el sentido y la medida de las proporciones a la hora de cumplir con sus deberes de prevención y represión de las conductas antisociales y de garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos.

Hoy mas que nunca se impone la necesidad de introducir una serie de cambios fundamentales al régimen policial, consecuente con el respecto de los derechos y libertades de los ciudadanos, la ampliación de la democracia participativa y decisoria y la entronización de una verdadera paz con justicia social, encaminada a forjar un nuevo país con mayores y mejores ideales humanos, tratando por todos los medios posibles y pacíficos de rescatar el país de la vorágine de la violencia, de la ilegalidad y del abuso del poder de los gobernantes.

Los hechos demenciales y criminales ocurridos recientemente en el país con ocasión del homicidio del ciudadano Javier Ordoñez a manos de la policía, en un barrio de la capital de la república, son desde todo punto de vista inaceptables y repudiables, al igual que los actos de barbarie y terrorismo protagonizados por grupos de anarquistas y delincuentes que no representan ni defienden el interés general o social ni la integridad de las personas injustamente agredidas por los cuerpos de policía del Estado.

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Por lo demás resulta ampliamente sospechoso que el gobierno nacional no haya puesto a disposición de los alcaldes el contingente policial suficiente

En este caso está claro que el uso de la fuerza se tradujo en un abuso policial que debe ser objeto de las sanciones penales y disciplinarias para el grupo de agentes que participaron de esa brutal agresión, que compromete a la institución policial y le impone al gobierno la necesidad de introducir una serie de cambios estructurales y funcionales a un cuerpo que no está sujeto a ningún control por parte de los alcaldes y gobernadores, no obstante ser una institución de carácter civil, que depende del ministerio de defensa y actúa bajo la orden y disciplina militar.

Por lo demás resulta ampliamente sospechoso que el gobierno nacional no haya puesto a disposición de los alcaldes el contingente policial suficiente para garantizar la protesta pacífica de los ciudadanos, a fin de protegerlos de las incursiones de los vándalos que cometieron toda clase de desmanes y daños a la propiedad pública y privada poniendo en peligro la vida de quienes salieron a las calles a protestar y de quienes perdieron, incluso la vida en confusos hechos, al parecer causados por la activación de las armas oficiales del Estado.

La lucha legítima de carácter legal y pacífica por la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos contra los abusos de las autoridades policiales y la violación de los derechos humanos, debe ser conducida, organizada y dirigida de tal manera que no se convierta en un riesgo para la vida de los ciudadanos que protestan, en manos de los anarquistas o de algunos sectores políticos y sociales que se valen de la violencia como un instrumento de lucha y de amedrentamiento de la población.


Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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