Invasiones y desalojos en medio de la pandemia

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 13/06/2020 - 2:10am
Edicion
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vale la pena recordar los negocios de tierras que se realizaron bajo  el auspicio de las autoridades de la época

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


La historia del crecimiento y desarrollo urbanístico de la ciudad de Cali está ligado en buena parte con las ocupaciones de hecho de los terrenos ejidos y baldíos del municipio y de los lotes de engorde de algunos antiguos y nuevos propietarios de tierras que tradicionalmente se han beneficiado con las políticas de cambios en el uso del suelo para vender y urbanizar sus predios ubicados en sitios estratégicos de la geografía urbana y rural.

Es posible que los funcionarios de la actual administración no conozcan la forma cómo ha transcurrido el desarrollo urbanístico de la ciudad y del papel que ha desempeñado el pueblo de Cali en defensa del patrimonio ejidal y baldío del municipio, ocupando de hecho dichos terrenos y enfrentando a la fuerza pública al servicio de los terratenientes como sucedió en Terrón Colorado, El Rodeo, en los Llanos de Meléndez, Siloé, Las Malvinas, etc. Así mismo vale la pena recordar los negocios de tierras que se realizaron bajo  el auspicio de las autoridades de la época y de algunos dirigentes políticos, en lo que se hoy conoce como los barrios El Vergel y Quiroga y los denominados Ejidos de Meléndez, con los cuales se legalizaron las ocupaciones de hecho o invasiones promovidas por grandes propietarios de tierras y urbanizadores.

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Frente al déficit de vivienda progresivo de la ciudad de Cali, continúan presentándose nuevas invasiones

Después de que desapareció la Personería de Ejidos y se sustituyó a INVICALI por la Secretaría de Vivienda que proveían por la defensa del patrimonio ejidal, baldío y fiscal del municipio, el fenómeno de las invasiones se expandió por todos los puntos cardinales de la ciudad, hoy mas conocidos como asentamientos irregulares o incompletos, en donde sobreviven las familias caleñas en las peores condiciones habitacionales y frente a las cuales la institucionalidad muy poco es lo que hace para mejorar su situación social y de vivienda.

Frente al déficit de vivienda progresivo de la ciudad de Cali, continúan presentándose nuevas invasiones a todo lo largo y ancho del territorio municipal en tanto que el gobierno local no cuenta con una verdadera política de vivienda ni de carácter demográfico, que al mismo tiempo que construya viviendas dignas para los caleños le ponga orden al crecimiento desmedido de las construcciones en la ciudad y controle el flujo migratorio de la gente pobre y destechada que procede de otras latitudes, aprovechando incluso aquellos predios invadidos para adelantar planes de vivienda bajo diferentes modalidades; política que ha sido sustituida por el látigo y la miel de los desalojos con el “diálogo” a ultranza del alcalde de turno.

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Es evidente que las riberas de los ríos al igual que el espacio público deben protegerse de eventuales invasiones

La decisión del alcalde Ospina de avalar la orden de desalojo en los sectores de la Gallera en Siloé y en el sector de La Viga en Pance, en donde la policía destruyó varias viviendas y arrasó plantaciones de plátano, maíz, maní, árboles frutales, guanábanos, etc., constituyó un  despropósito oficial por cuanto se trataba de antiguos asentamientos irregulares de familias que desde hace varios años se encontraban ocupando la zona adyacente al río Pance y sin que previamente          se concertara una solución acorde con las políticas de vivienda y de asistencia social de que dispone la municipalidad, hecho que tan solo vino a ocurrir luego de realizado el desalojo.

Es evidente que las riberas de los ríos al igual que el espacio público deben protegerse de eventuales invasiones. No obstante la obligación de las autoridades policiales de ajustarse al principio de legalidad cumpliendo las órdenes de las autoridades, también tienen el deber de respetar la dignidad y los Derechos Fundamentales de las personas conforme a lo establecido en la Constitución Política en su artículo primero y en los Principios y Valores rectores que salieron a relucir de parte de un patrullero de la policía, que si bien es cierto estaba en la obligación de acatar las órdenes superiores, optó por renunciar a su investidura policial en un acto sin precedentes recientes en la historia de la ciudad, que demuestra que el ejercicio de autoridad no puede realizarse con violación de los Derechos Humanos como base fundamental de la Paz con Justicia Social, dentro de un marco jurídico democrático y participativo (preámbulo de la Constitución).


Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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