Demandamos de organismos de control rigurosidad y celeridad

Por Alicia Osorio G el Sáb, 13/06/2020 - 7:26am
Edicion
477

Alicia Osorio G

Veedora ciudadana


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Los Concejales que no aprobaron la citación a la Dra. Fabiola Perdomo  y al Dr. Carlos Alberto Rojas incurrieron en una grave omisión

Lo primero que debemos tener claro es que el control político no es una potestad que tienen los concejales para ser utilizada cuando les convenga o cuando a bien tengan. El control Político es la principal función que la Constitución y la Ley 136 de 1944 en su artículo 38 les asigna como un deber, en cuyo cumplimiento deben ejercer la vigilancia sobre las acciones y/u omisiones de los servidores públicos de la Administración Municipal, citándolos para rendir explicaciones al igual que al personero,  al contralor y a los particulares cuando lo consideren necesario.

Los Concejales que no aprobaron la citación a la Dra. Fabiola Perdomo  y al Dr. Carlos Alberto Rojas incurrieron en una grave omisión, ya que de acuerdo a lo que se ha conocido sobre las cuestionadas contrataciones estas no son un asunto menor. Tanto los montos de dinero, como los contratistas y sus empresas, unidos a las explicaciones de la Dra. Perdomo sobre el valor en exceso de las contrataciones y a las declaraciones rendidas por los beneficiados y los excluidos de los mercados según la conveniencia política, deberán ser analizados meticulosamente por los organismos de control,que según se informa ya están investigando.

Dicen que esta pandemia traerá cambios. Ojalá en nuestra ciudad, que la está sufriendo dolorosamente, el cambio fuera el de ser más responsables con nosotros mismos y con nuestra ciudad, para no seguir acolitando con nuestro voto a estos personajes que se han enquistado en la administración caleña únicamente para fortalecer el circulo vicioso de su actuar: Obtener Poder para conseguir negocios, es decir plata y plata para continuar en el poder.

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Si bien la delegación de funciones, consagrada en el artículo 209 de la Constitución, es un principio organizacional para el desarrollo de la función administrativa

Los concejales deben responder por su omisión, pero.., y el Alcalde Ospina?

También debe responder. Decir que no conocía de los asuntos que hoy enredan su administración no es creíble, si es cierto que está gobernando. Por el monto de las contrataciones y  por el objeto social de los contratos tenía que estar enterado.

Si bien la delegación de funciones, consagrada en el artículo 209 de la Constitución, es un principio organizacional para el desarrollo de la función administrativa y el art. 211 de la Carta establece que exime de responsabilidad al delegante, ello no es aplicable a todos los casos. El artículo 12 de la Ley 489 de 1998 aunque establece al igual que el artículo 211 constitucional,  que, “La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario”,  en materia de contratación dispone en su  “PARAGRAFO. En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal.”

Así, la sentencia C-727 de 2000  aclara que la delegación es una delegación de firma, no un traslado de competencia y  que corresponde a  una figura particular que es la llamada “delegación de firma”, en donde no opera propiamente ningún traslado de competencias entre el delegante y el delegado  que suscribe el contrato por el delegante, sobre el cual recae la plenitud de la responsabilidad civil y penal por el acto. Claro que ello sin perjuicio de la responsabilidad del delegatario, en la medida de sus atribuciones.

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Los ciudadanos demandamos de los organismos que están investigando la mayor rigurosidad y celeridad en la resolución de las investigaciones

Por otra parte, la Ley 678 de 2001 en materia de contratación no permite que el delegante se excuse de responsabilidad respecto de las actuaciones de su delegado y la Ley 1150 de 2007 va más allá porque hace responsable al delegante de sus obligaciones de control y vigilancia, que son propias de quien tiene la dirección y control de la actividad

Los ciudadanos demandamos de los organismos que están investigando la mayor rigurosidad y celeridad en la resolución de las investigaciones y que si es del caso, apliquen rigurosamente las correspondientes sanciones administrativas, disciplinarias y penales teniendo en cuenta la gravedad de las conductas desarrolladas aprovechando la tragedia del Covid 19 por la que estamos atravesando.

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