Incrementos desbordados de impuestos municipales

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 16/02/2019 - 2:00am
Edicion
408

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


 

Uno de los deberes constitucionales y legales de los ciudadanos es el de pagar sus impuestos, tasas, contribuciones, etc., con el fin de que la municipalidad esté en capacidad de cumplir con su obligación de atender las necesidades de la comunidad en materia de inversión y gasto público social como de funcionamiento del aparato administrativo municipal, cuya función principal es defender el interés general.

Sin embargo cuando los dineros públicos provenientes de los impuestos y demás gravámenes se utilizan de manera inadecuada o se despilfarran o se incrementan en forma desbordada, los ciudadanos como depositarios de la soberanía popular tienen el derecho y el poder irrenunciable e inalienable de exigir cuentas y explicaciones a los funcionarios en torno al manejo de los recursos públicos, de su aplicación y de las razones que los asisten para incrementar los gravámenes que deben pagar.

Se trata en concreto del cobro exagerado que los caleños tendrán que pagar por concepto del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial como consecuencia del aumento desbordado de los avalúos catastrales que en la mayoría de los casos supera el precio real de los inmuebles y negocios comerciales y de servicios, constituyendo un verdadero abuso del derecho que no se puede tolerar en tratándose de inmuebles y negocios que poseen una antigüedad que rebasa los 30 o 40 años de haber sido construidos y constituidos como tales y cuyo deterioro resulta evidente, amén de su desvalorización con el paso del tiempo y de la condición socio económica de sus propietarios y/o poseedores.

En esta caso, no se trata de “oponerse por oponerse” al cobro y pago de los impuestos, sino de que se revisen las características de los inmuebles atendiendo lo establecido en la ley y en la Constitución, mas allá de las pretensiones desbordadas de la administración de obtener mayores recaudos y de alguna manera estimular de forma artificial una burbuja inmobiliaria que terminará por una parte perjudicando a los propietarios de sus viviendas y negocios y de la otra, beneficiando a los negociantes de propiedad raíz y urbanizadores que se encuentran al acecho de que esta situación se consolide como parte de sus actividades especulativas.

La actual administración olvida con frecuencia y en muchos casos de manera deliberada que también tiene la obligación de cumplir con ciertas exigencias de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la ley, a diferencia de los particulares que pueden realizar todos aquellos actos que no sean contrarios al ordenamiento jurídico, invocación jurídica ésta que traemos a colación a propósito de lo sucedido con las 21 megaobras que la actual administración, valiéndose de toda clase de interpretaciones terminó imponiéndolas a los contribuyentes con el pago de la totalidad de las obras, no obstante no haberse ejecutado sino una parte de las mismas, desatendiendo por lo tanto las solicitudes de reliquidación de su valor para ser descontado o compensado su pago con otras obligaciones a cargo de los contribuyentes.

La gravedad de todo esto consiste en que el afán fiscalista de la administración se encontró con el rechazo de los contribuyentes que en fin de cuentas y con todo el famoso papayazo no pagaron oportunamente al fisco municipal los impuestos y la contribución de valorización adeudados, generándose con ello un retraso en su construcción, de todo lo cual son responsables en buena medida la administración del alcalde Armitage y el Concejo Municipal que no supieron introducir los correctivos del caso como era su obligación.

La tendencia a incrementar exageradamente los impuestos con el fin de alimentar las finanzas municipales se encuentra ligada al mantenimiento en forma indefinida de la contratación oficial y la ejecución de obras y proyectos viales y urbanísticos que en gran medida benefician a sus destinatarios, en tanto se pasa por alto el cumplimiento de ciertos principios constitucionales que establecen que la tributación debe ser justa, equitativa y progresiva y no como hasta ahora, caracterizada por su desbordamiento e inequidad. A todo lo cual se suma la burla a los derechos de los contribuyentes que solicitan la revisión de los avalúos catastrales sin que estos reclamos produzcan ningún efecto positivo, por cuanto la oficina de catastro que los realiza es la misma entidad encargada de resolver las solicitudes de revisión que en la gran mayoría de los casos no son modificados tal como ha sucedido en años anteriores.

ADENDA: Mientras la gerencia de EMCALI afirma que las unidades de negocios de acueducto y energía continúan generando utilidades para la empresa, en el sector del Oeste de la ciudad (barrio Arboleda), sus habitantes se ven privados del servicio de energía y de agua debido a los constantes cortes y daños en la red matriz, no existiendo un plan de reposición de la misma que permita garantizar la continuidad en la prestación de este servicio vital, más allá de simples intervenciones y reparaciones parciales. Circunstancia esta que contrasta con las pérdidas que arroja el componente de telecomunicaciones frente a las cuales tampoco existe un plan definido de recuperación diferente al simple traslado de trabajadores de una unidad a otra, o de “su retiro voluntario”, al tiempo que se mantienen las mismas condiciones que han llevado a la crisis a dicho componente, arrastrando a toda la empresa al colapso para luego justificar su eventual privatización o liquidación.


Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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