El cumplimiento de los acuerdos de paz

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 16/03/2019 - 1:24am
Edicion
412

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


 

Los acuerdos suscritos entre el gobierno del expresidente Santos y el movimiento insurgente de las FARC-EP en torno a la implementación del proceso de paz, son constitutivos de un doble carácter: político y jurídico, que no puede ser modificado de manera unilateral por el gobierno o cualquiera de los órganos del poder público llámense Congreso o Corte Constitucional sin que con ello se altere su contenido esencial lo que por lo demás conllevaría a una violación flagrante de la voluntad y del propósito de paz de quienes los suscribieron inicialmente, en tanto fueron refrendados jurídicamente al incorporarse en el ordenamiento constitucional, legal y demás disposiciones normativas.

La pretensión de introducirle algunas modificaciones a la ley estatutaria sobre la JEP con el fin de “precisar su alcance y sentido jurídico”, constituye una estrategia oprobiosa y desobligante en contra de quienes suscribieron los acuerdos de paz, la cual viene implementándose a partir del trámite de las objeciones presidenciales a dicha ley y el anuncio de que se presentarán varias reformas constitucionales para tal efecto.

Está claro que tanto el acto legislativo que incorporó los acuerdos de paz a la Constitución como la ley estatutaria de la JEP, lejos de constituirse en normas intangibles e inmodificables desde el punto de vista jurídico y político, eventualmente podrían ser aclaradas mediante un acuerdo entre el ejecutivo y el nuevo partido de las antiguas FARC-EP y no a través del órgano congresional tal como se pretende hacer en la actualidad, con lo cual se podrían retrotraer las discusiones y debates del pasado y que en nada ayudarían a fortalecer el proceso de paz en medio de las dificultades por las que atraviesan el país y los colombianos después de haber padecido la violencia con pérdida de vidas y destrucción de la riqueza social.

Por otra parte habrá que entender que el debate jurídico que se ha planteado por el gobierno del presidente Duque y de algunos sectores políticos e incluso por parte del agente del Ministerio Público sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de los acuerdos, leyes y demás disposiciones normativas, resulta a la postre irrelevante frente a una realidad que se impone por encima de las disquisiciones jurídicas que entorpecen la viabilidad del proceso de paz y generan desconfianzas que predisponen el ánimo de confrontación que debe superarse a fin de no repetir los mismos errores del pasado que no se deben transmitir a las nuevas generaciones de colombianos que aspiran a contar con una paz estable y duradera y en donde las controversias y los conflictos sociales entre las clases se puedan dirimir de manera pacífica en el campo de la acción política y social, entendiendo que la paz es un deber de obligatorio cumplimiento según aparece consignado en nuestro ordenamiento constitucional.

En este sentido el cumplimiento de los acuerdos de La Habana revestidos de un ropaje jurídico constitucional y legal constituyen un recurso político-jurídico que será necesario materializar en actos concretos de paz y no en simples expectativas, amenazadas esta vez por los vientos huracanados de los partidarios de la “pax-romana”, contraria a la verdadera paz con justicia social y bienestar general en igualdad de condiciones para todos los colombianos.


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