Hechos y opiniones recurrentes

Por Luz Betty Jime… el Vie, 27/12/2019 - 6:22am
Edicion
453

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


Hace apenas pocos días fue brutalmente asesinado en la ciudad de Cali el fiscal  Alcibiades Libreros, encargado de investigar a las bandas delincuenciales que hacen parte del crimen organizado que actúan en la ciudad.

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Desde la VEEDURÍA rechazamos este hecho criminal al tiempo que apelamos al buen juicio de las autoridades sobre la necesidad de introducir ciertos cambios en la persecución del delito

El asesinato aleve de dicho funcionario público desato el repudio de la ciudadanía contra este tipo de acciones criminales que cada vez que se producen se convocan Consejos de Seguridad con las autoridades civiles, de policía y militar, que en términos generales se limitan a ofrecer recompensas y disponer de mayor presencia policial en aquellos lugares en donde los ciudadanos son presumiblemente objeto de la acción de los delincuentes.

No obstante lo anterior habrá que señalar que con esta clase de medidas muy poco se ha conseguido para contrarrestar la creciente ola delincuencial que hoy invade a la ciudad, en medio de la insolidaridad de los ciudadanos que tampoco colaboran con las autoridades, permitiéndose de esta manera que se imponga la impunidad por encima de la aplicación debida de la justicia.

Desde la VEEDURÍA rechazamos este hecho criminal al tiempo que apelamos al buen juicio de las autoridades sobre la necesidad de introducir ciertos cambios en la persecución del delito y de los delincuentes que actúan a plena luz del día sin que se pueda impedír su accionar, erradicar sus causas y efectos o por lo menos mitigar su actividad en procura de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos tal como lo manda la Constitución Política.

Otro hecho igualmente significativo que viene haciendo carrera en torno al ejercicio de la función administrativa de parte de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, radica en que estos identifican dicha función con la de un ADMINISTRADOR O GERENTE DE UNA EMPRESA, CUYO OBJETIVO ESENCIAL ES GENERAR GANANCIAS ENCAMINADAS A SATISFACER LOS INTERESES DE LOS SOCIOS, en tanto que los funcionarios del Estado tienen el deber y la obligación constitucional de representar y defender el interés general en todas y cada una de sus acciones administrativas.

De esta forma al catalogarse a los alcaldes y gobernadores como -gerentes administradores, se tergiversa el sentido real de la administración pública, además de los principios y valores del Estado Social de Derecho.

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Igualmente resulta por lo demás sorprendente que los alcaldes y gobernadores pregonen de viva voz en sus discursos de posesion  "que trabajarán de la mano no los concejales y diputados elegidos para efectos de coordinar la acción administrativa desde el punto đe vista económico, político, social, cultural y ambiental, haciendo caso omiso de la obligación constitucional de contar con los ciudadanos para tales efectos, a quienes se les debe garantizar su derecho a participar en todos aquellos asuntos que los afecten directa o indirectamente en sus intereses individuales y sociales.

A dichos funcionarios les recordamos que de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional y legal el ejercicio de la soberanía del pueblo no sólo se desarrolla a través de la democracia representativa sino de la democracia participativa y decisoria, lo cual parece ignorarse deliberadamente, en un país en donde su clase dirigente se acostumbro a gobernar apelando al autoritarismo y a la demagogia.


Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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